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Posición Autonómica Común

POSICION COMUN DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTONOMAS DE ESPAÑA - CONSEJO EPSCO

 

Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador: Revisión a medio plazo

 

En 2010 la Estrategia Europa 2020 se puso en marcha en un contexto caracterizado por el rápido deterioro del entorno económico y social, como consecuencia de la crisis financiera mundial. En este escenario, el objetivo a medio plazo era “salir fortalecidos de la crisis y convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible, integradora con unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión social”[1]

Durante estos años España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea y ha presentado sus Programas Nacionales de Reforma y sus Programas de Estabilidad. Específicamente, en el ámbito de la lucha contra el desempleo se han acometido reformas del mercado laboral y se han establecido estrategias para la activación del empleo y el emprendimiento; asimismo, se ha elaborado el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 para paliar las consecuencias sociales de la crisis.

Cabe destacar que para el cumplimiento de los objetivos en el marco del empleo a nivel nacional, se requiere una estrategia de gobernanza ambiciosa y efectiva en el marco de la distribución de las competencias que le corresponde a cada interlocutor. Este es el caso de las políticas activas de empleo y la lucha contra el desempleo juvenil, ya que las Comunidades Autónomas, además de participar en la elaboración de las políticas y programas mencionados, cooperan con el Estado en la adopción de las medidas, tales como la mejora de los servicios de orientación individualizada de los desempleados o el incremento de la eficiencia de los servicios de intermediación laboral.

Transcurridos cuatro años y en este momento de revisión de la estrategia para poner en marcha las prioridades políticas post-crisis, es esencial comprender los efectos de la crisis y compartir un mismo diagnóstico sobre la situación actual de la UE. En este sentido, y con relación a los objetivos de la Estrategia, la UE podrá alcanzar los objetivos en educación, clima y energía pero no en empleo, I + D y reducción de la pobreza. Efectivamente, el empleo y la cohesión social (aumento de la pobreza, la exclusión social y el desempleo, especialmente entre los jóvenes) han sido las dos políticas más afectadas por la crisis económica y financiera.

En España, si bien durante 2014 se ha producido una recuperación del empleo y una evolución favorable de la afiliación, la frágil recuperación económica y los escenarios macroeconómicos apuntan a que el nivel de desempleo todavía permanecerá en niveles elevados y con ello no desaparecerán las personas en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social.

En este escenario a medio plazo y con relación a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo, las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estimamos que son necesarias las siguientes actuaciones:

  1. El desarrollo y actualización constante de la Estrategia Europea para el Empleo para conseguir y mantener el objetivo a nivel de la UE de una tasa de ocupación del 75%. El logro de este objetivo implica mejorar la empleabilidad de las personas, avanzar en la integración del mercado de trabajo europeo y procurar una relación eficaz entre la demanda y la oferta de mano de obra.
  2. El avance en la movilidad laboral en Europa, que actualmente es insuficiente y no logra corregir desfases estructurales entre la oferta y la demanda de mano de obra. Para ello, se ha desarrollar EURES como el instrumento europeo fundamental de contratación, así como desarrollar medidas para la supresión de obstáculos que dificultan la libre circulación de las personas trabajadoras.
  3. Medidas que contribuyan a la cohesión social y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para ello, parecen necesarias, al menos las siguientes: a) Una mejor armonización de la legislación laboral, incluyendo medidas de integración de políticas pasivas de protección y de políticas activas de empleo ante situaciones de desempleo, que contribuyan, a su vez, a paliar posibles desequilibrios presupuestarios. Y b) una nueva gobernanza que fortalezca la coordinación entre políticas presupuestarias y políticas sociales y de empleo.

 

Propuesta de Decisión del Consejo y el Parlamento Europeo sobre una Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado

 

El Trabajo no declarado es un fenómeno cuya medición es compleja si bien se estima que tiene una magnitud considerable en España y en el conjunto de Europa, con diferencias significativas entre los Estados miembros. Su impacto, tanto para las finanzas públicas como para la competencia empresarial en igualdad de condiciones, es todavía más adverso en estos años de elevado desempleo y de gran caída de ingresos de las Administraciones Públicas. Además, la economía sumergida dificulta una correcta toma de decisiones por parte de los poderes públicos, en cuanto que distorsiona las estadísticas económicas oficiales, y en consecuencia, plantea problemas de eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de servicios públicos.

Por todo lo anterior, las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla valoramos de forma muy positiva la Propuesta de decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de creación de una Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado.

La Plataforma Europea de Lucha contra el trabajo no declarado ha de contribuir a través de la cooperación institucional, el intercambio de buenas prácticas y el establecimiento de principios comunes de actuación a nivel de la UE, a reforzar las medidas disuasorias, que junto con las preventivas, se constituyen como las más eficaces en la lucha contra el trabajo no declarado.

Un efectivo trabajo conjunto de las diferentes autoridades nacionales con funciones coercitivas ha de basarse en la implicación y coordinación de las inspecciones de trabajo, los servicios de seguridad social, las autoridades tributarias, los servicios de empleo y los servicios de migración, todos ellos de acuerdo a las características propias de su región, y de manera especial para hacer frente a los aspectos transfronterizos del trabajo no declarado.

En particular, también las Comunidades Autónomas han hecho esfuerzos diagnósticos y normativos para, en primer lugar, conocer las magnitudes del trabajo no declarado en su comunidad y, en segundo lugar, para colaborar, si no en su erradicación total, sí al menos en su afloramiento. Entendemos que el trabajo colaborativo entre las comunidades autónomas coadyuvará al objetivo de reducir el trabajo no declarado en España hasta el nivel más bajo de algunos de los países de su entorno y, así mismo, ayudará a evitar condiciones de trabajo abusivas con graves consecuencias en la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

En definitiva, la pronta puesta en marcha de la Plataforma, así como la participación de todos los Estados miembros en la misma, aun cuando cada uno de ellos determine en qué acciones participa en función de su problemática, son cuestiones fundamentales para llegar a comprender cómo implementar un conjunto de medidas, preventivas y disuasorias, de una forma eficaz y pertinente respecto a la situación de cada territorio y ámbito sectorial. El adecuado funcionamiento de esta Plataforma de Lucha contra el Trabajo no declarado ha de traer nuevas oportunidades para el crecimiento socioeconómico y del empleo de las regiones.

 

[1] COM (2010) 2020, de 3 de marzo de 2010.